Frente al discurso cada vez más lejano de “la casta” como destinataria del programa de recesión y ajuste, los últimos datos de pobreza muestran los niveles más altos en 20 años, y las personas mayores de 65 años encabezan el segmento donde más creció la miseria: la suba de alimentos, de medicamentos y de vivienda, sumado al veto a la recomposición de haberes llevó a que el 77% tenga ingresos insuficientes para subsistir.
La pobreza creció 12,8 puntos solo en un año, la cifra más alta desde la crisis del 2001. Más de 30 millones de personas no tienen lo suficiente para llegar a fin de mes.
Así, el plan de ajuste y recesión económica del gobierno nacional recae en la mayor parte de la población argentina que depende de su trabajo para sobrevivir. En este escenario, hay un segmento de la población que sufrió el impacto directo de las medidas de recorte del gasto, liberación desregulada de precios y desmantelamiento estatal: las y los adultos mayores de 65 años y más, el grupo etario donde más creció la pobreza en estos seis meses, con un aumento de 16,5 puntos, por arriba de la suba del nivel general.
El costo social del programa en marcha queda en evidencia en las condiciones de vida de las personas mayores en el país que enfrentan un largo derrotero de informalidad laboral y precarización en la vida activa, que se traslada a la vejez con ingresos que no alcanzan siquiera a una canasta básica que para jubilados ronda los $912.500, cuatro veces más que un haber mínimo ($234.540).
“Las y los mayores evalúan de modo mayoritario que sus haberes previsionales son insuficientes, que su salud desmejoró en los últimos tiempos, que en el futuro próximo su calidad de vida empeorará, que al no contar con apoyos ni cuidados de las entidades que los atienden, esas funciones seguirán siendo asumidas por cónyuges y otros familiares, que sus derechos no son respetados y finalmente que el sistema político no considera como prioritarios a los problemas de su sector, con implicancias para las futuras generaciones”, alertó un informe reciente del Instituto de Estudios y Formación (IEF CTA) que indicó que “más del 77% señala que jubilaciones y pensiones son insuficientes”.
En el mismo sentido, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresaron “el deterioro de las condiciones de vida de los argentinos y argentinas no es producto de las fuerzas del cielo. Se explica por decisiones políticas concretas: licuaron jubilaciones y salarios mínimos, que no alcanzan para no ser pobre, frenaron obras en barrios populares, que daban trabajo y acceso a servicios básicos a 5 millones de personas y dejaron de enviar comida a 40 mil comedores, que alimentaban a miles de niños y niñas”. En esta coyuntura a su vez, “el 1% más rico se benefició con la reducción del impuesto sobre sus bienes personales, lo que cuesta al Estado el 0,61% del PBI. Mientras tanto, se recortó el 96% de los recursos destinados a garantizar servicios básicos al 10% más pobre”.
Quién paga el costo del ajuste
La cantidad de personas que vive por debajo de la línea de pobreza alcanzó en los primeros seis meses de 2024 a más del 50% de la población, esto es 12,8 puntos más que en el mismo semestre del 2023 (saltó de 40,1% a 52,9%) al tiempo que la indigencia se duplicó al pasar de 9,3% en 2023 al 18,1% este año. Si se consideran dichos porcentajes informados por la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC aplicados al conjunto total de la población (Censo 2022) esto implica que en el país al menos 24,9 millones de personas no cubren la canasta de bienes y servicios esenciales (más de 6 millones que hace un año atrás) y unos 8,5 millones no tienen lo básico para poder alimentarse (más de 4 millones que hace un año atrás).
El primer dato oficial tras el inicio de la gestión de Javier Milei muestra que este indicador social se ubicó en su máximo en 20 años, es decir, cuando el país atravesó la crisis económica, política y social del 2001, con el estallido de entonces. Si se mira en el periodo más reciente, entre el segundo semestre de 2016 (inicio gestión Cambiemos) y el segundo semestre de 2023 (gestión Frente de Todos) la pobreza creció 11,4 puntos, es decir que, el gobierno de Milei hizo crecer en seis meses la pobreza por arriba incluso que en el periodo de las dos gestiones anteriores. “Argentina pasó de tener 30 puntos menos de pobres que la media latinoamericana en 2017 a estar casi igual en 2024. La tasa de pobreza por ingresos del primer semestre de 2024 (52,9%) es la más alta en 20 años. Desde 2017, cuando era del 25,7%, subió 27 puntos. Nunca en los últimos 30 años logramos estar por debajo del 25%”, analizó al respecto el economista Daniel Schteingart, director de Planificación productiva de Fundar.
Detrás de estos alarmantes números las consecuencias directas se plasman en las condiciones de vida de la población. En relación, los datos difundidos recientemente dejan ver que el segmento de adultos mayores es el más afectado por el incremento de la pobreza en el país, con un aumento incluso más alto que la suba general. En detalle: en el grupo etario de 65 años y más, la pobreza alcanzó al 29,7% de las personas, un alza de 16,5 puntos contra el mismo trimestre de 2023, mientras que en la indigencia saltó 2,4 puntos (pasó de 1,6% a 4%). En ambos casos son los niveles mas altos de esta serie que inicia en 2016.
Esto significa que hay más de millón de personas de la tercera edad en situación de pobreza, es decir, que no tienen lo básico para hacer frente a sus necesidades esenciales de alimentos y pago de algunos servicios.
Al respecto, un informe elaborado por el Instituto de Estudios y Formación (IEF CTA) el Colectivo Gerontológico de ADISAC y el Núcleo de Innovación Social (NIS) sobre las características, experiencias y necesidades de las personas adultas mayores (rango de 64 a 94 años de edad) de la Argentina publicado este mes, muestra que predomina en este segmento una situación generalizada de precariedad y pobreza.
En Argentina son más de 6 millones las y los beneficiarios de jubilaciones y pensiones de los que aproximadamente el 64% recibe la jubilación mínima. Es decir, son más de 3 millones de personas las que reciben un cuarto del dinero que necesitan para cubrir sus necesidades básicas. De acuerdo con los principales resultados de la encuesta: “las y los mayores evalúan de modo mayoritario que sus haberes previsionales son insuficientes, que su salud desmejoró en los últimos tiempos, sospechan que en el futuro próximo su calidad de vida empeorará, que al no contar con apoyos ni cuidados de las entidades que los atienden esas funciones seguirán siendo asumidas por cónyuges y otros familiares, que sus derechos no son respetados y finalmente que el sistema político no considera como prioritarios a los problemas de su sector, con implicancias para las futuras generaciones”.
Respecto de los haberes previsionales hay que considerar primero que el valor de la Canasta Básica de los Jubilados se ubica en $912.584, según las estimaciones de la Defensoría de la Tercera Edad CABA (más de 200% de suba respecto de un año atrás) en una coyuntura donde más de la mitad del total recibe apenas $234.540 (más bono de $70.000), es decir, tres veces menos que lo necesario para subsistir, sumado a que las y los beneficiarios de la Pensión Universal para Adultos Mayores apenas reciben $187.632 (más bono), cuatro veces menos que el valor de la canasta esencial. En esa Canasta el gasto en Alimentos representó el 26% del total, seguido de Vivienda (22%) y Medicamentos (16%), entre los principales.
Sobre ello, el impacto de la suba sostenida de precios y el deterioro del poder de compra de los haberes llevó a que “el 77% de la muestra señalara que jubilaciones y pensiones son insuficientes” lo que evidencia “una disconformidad prevalente para con los montos de los haberes previsionales recibidos”. Se suma el impacto del reciente veto del gobierno nacional a la actualización de la movilidad jubilatoria que intentaba hacer que recuperen parte del poder adquisitivo perdido al inicio del año, tras la mega devaluación del 118% en diciembre.
Por su parte, según el IEF-CTA, en cuanto a la evolución de su salud a lo largo del último año algo “más del 50% de las y los encuestados señalaron que ha empeorado y un casi 32% refiere que ha mejorado”, tales “percepciones subjetivas podrían estar correlacionadas con un empeoramiento en la provisión de servicios sociosanitarios, dirigidos a este colectivo etario, en lo que refiere a la calidad, efectividad, equidad, disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad de los mismos”, analizaron.
Asimismo, al ser consultados sobre cómo ven su calidad de vida hacia adelante, un 57,8% estimó que empeorará, mientras que un 30,2% valoró que no se registrarán cambios y un 11,35% que mejorará.
Otro dato interesante que arrojó el informe en cuestión indica que, ante la pregunta sobre la prioridad otorgada por los gobernantes a los problemas de las personas mayores, el 73,2% se inclinó por considerar que “no eran prioritarias dichas problemáticas para los gobiernos” mientras que un 26,8% indicó lo contrario. De acuerdo con las organizaciones que realizaron el relevamiento “esto se hace sentir a través de la suma de estereotipos, prejuicios y discriminaciones que se vectorizan contra este colectivo, justificando el rechazo o bien de la permanente postergación de las soluciones que exige este sector ante problemas de primera necesidad (salud, haberes previsionales, seguridad en sentido amplio y otros) sobre los cuales el sistema político, es esquivo, ambiguo u en ocasiones hostil a una seria consideración”.